En el día a día de trabajo de las empresas las hay que estamos esperando la constitución del gobierno para ver cómo evolucionan proyectos que deberían ya haberse implementado o estar cerca de ello. Hace más de un año fue aprobada la llamada Ley Crea y Crece, que entre otras cosas y en las propias palabras del gobierno estaba “dirigida a facilitar la creación de empresas, reducir obstáculos regulatorios, luchar contra la morosidad e impulsar su crecimiento y expansión”. En palabras de algún alto responsable del Ministerio de Economía se busca mejorar “la cultura de pago” en España. Me llamó la atención el concepto de cultura de pago, siempre lo hace cualquier cosa adosada a la palabra cultura, aunque está vez me pareció interesante y no una coartada banal. Esa falta de cultura de pago es habitual cuando se trata de que las grandes empresas paguen a las pequeñas.
Una de las concreciones de esa ley, además de comunicar las fechas de recepción de los pagos reales, es la obligatoriedad de la factura digital entre las empresas, es decir lo que en nuestro argot se llama factura B2B (Business to Business / De Empresa a Empresa). Actualmente las empresas ya están obligadas al envío de las facturas en formato digital si quieren cobrarlas de la administración pública (B2G = Business to Government o De Empresa a Administraciones Públicas). Para ello hay un formato estructurado en XML llamado facturaE y unas plataformas para hacer el envío y la recepción. La principal es FACE, aunque las forales tienen otras.
No sé si conocen lo que es un XML, que es una forma de estructurar la información entre tags bastante parecido al HTML, así dicho entre nosotros. Esto de ficheros en forma estructurada es importante, porque ya no se considerarán facturas digitales un documento PDF o un Word firmados con un certificado por ejemplo. Si no que las empresas deberán enviarse la factura en un formato XML en varios formatos posibles: el facturaE que ya es vigente para B2G como he comentado, UBL (un formato internacional base de la plataforma de al UE llamada PEPPOL), CII y EDIFact (formato EDI internacional). Se podrán usar diversas plataformas para el envío y recepción de las facturas y estas plataformas se tendrán que poner de acuerdo entre ellas para intercambiar las facturas. Además se deberá dejar una factura en un único formato en una plataforma pública que deberá habilitar la AEAT. En un primer momento el formato iba a ser el FacturaE, pero parece que fruto del debate en la exposición pública se irá hacía el formato UBL, más internacional.
El formato FacturaE puede tener sentido ya que se está utilizando ya ahora mismo en el ámbito público de nuestro país, pero personalmente creo que hay que ir hacia integraciones internacionales de estos formatos, especialmente dentro de la UE. Así que creo que el uso de UBL tiene más futuro, y casi presente dada su vinculación con PEPPOL, una plataforma que incluso ya integra a países fuera de la Unión Europea y de nuestro continente como Australia.
Estamos pendientes del reglamento técnico que tenía que haber acabado de definir muchos aspectos relevantes para las empresas informáticas, de desarrollo y consultoría que al final son las que proveen de soluciones o ayudas a las empresas. Teóricamente se debería haber publicado 6 meses después de haberlo hecho la ley, pero no ha sido así. Un motivo ha sido que hay otro proyecto está relacionado del ministerio de Hacienda llamado VERI*FACTU, que quiere garantizar que los datos informáticos de las empresas son válidos y no modificados. El otro gran motivo del retraso es la espera en la elección del gobierno e incluso no sabemos si podría afectar un cambio de su color. No lo creo, pero habrá que esperar. No sufran, porque una vez aprobada, la obligatoriedad empezará con las empresas que facturan más de 8 millones de euros, y no lo será hasta después de un año de tener el reglamento técnico, con lo que desde el punto de vista de las primeras empresas obligadas nos ponemos en enero del 2025 como pronto. Pero para llegar a esas fechas las empresas de informática necesitarán un tiempo.
Ya tuvimos una situación análoga, pero de menor nivel, en 2017 con lo que fue el primer hito en el sentido de la digitalización de las obligaciones fiscales, o por lo menos los que trabajamos en el ámbito de la consultoría, que fue el SII (Suministro Inmediato de Información). Este es un reporte para las empresas que facturan más de 6 millones de euros anuales que les obliga a comunicar en 4 días las facturas emitidas y recibidas, también sufrió alguna pequeña ralentización, por la espera en la constitución del gobierno. Pero de todo se sale, y esa experiencia nos ayudará ahora y también para posicionarnos para futuras normativas de ámbito europeo como ViDA.
Además de las normativas europeas que nos han ido obligando y nos ayudan, también tenemos normativa de ámbito autonómico como el TicketBAI que hace que tenga que aparecer un código QR en los tickets y facturas para comprobar que la factura está comunicado a la Hacienda Foral correspondiente. Y que habrá como todos estos controles irán haciendo desaparecer o automaticen tanto los procesos internos de las empresas como los reportes fiscales.
Es el signo de los tiempos y creo que aquí en España tenemos experiencia, y empresas clave para cubrir estas necesidades.
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