Sigo esperando, como otros, una explicación para entender lo que le pasó por la cabeza a la presidenta de la Junta de Andalucía y del PSOE andaluz. De un partido que hace por seña de identidad la izquierda y la constitución, y que sin embargo parece más capaz de sacralizar una lista de espera que el ejercicio no ya de un derecho democrático, sino de un derecho humano.
Lo resumía muy bien Joan Coscubiela y siento mía toda su argumentación, en su columna de El Periódico:
- IU cumplía con la legalidad tal como pedía el juzgado respecto a las familias con menores en riesgo de exclusión social. Sin volver a entrar en Tribunal de Estraburgo o lo que dice la constitución respecto al derecho a la vivienda digna.
- No se puede enfrentar a trabajadores y personas sin acceso a la vivienda. Ni llamar a la desmovilización en defensa de nuestros derechos más fundamentales con eso de no premiar al que protesta.
Pese a lo que pueda criticar del PSOE, esto ha sido demasiado hasta para mí. Desde el punto de vista de la izquierda política, pero incluso pensando como pienso que en el PSOE otra cosa no, pero profesionales lo son un rato. Y no me acababo de explicar como nos ponían en bandeja ser “transgresores”, pero por primera vez en muchos años lo hacíamos además claramente a favor del “sentido común popular”, y esto es fundamental digan lo que digan el cada vez más cuestionado “sentido común publicado”.
El problema de la vivienda, en concreto y en general, sigue estando ahí, y para resolverlo son necesarias medidas de radicalidad democrática, porque además, ¿las políticas de vivienda del PSOE en todos estos años han ido en sentido de proteger el acceso al derecho a la vivienda o han hecho de ella un bien de mercado más? ¿Alguien aquí me puede exponer 5 medidas dignas de un gobierno de izquierdas en este sentido que no llamen a dejarlo todo en manos del sacrosanto mercado?
Se santigua el PSOE de Andalucía en virtud de la sacrosanta ley y su igualdad para todos, sea cual sea la urgencia. Pero se hace necesario recordar 2 actuaciones de sus compañeros del PSC, que me cogen más cerca, cuando estaban en el gobierno de la Generalitat catalana:
Por una parte como ayudaron a purgar al conseller Milà por querer hacer una ley que obligase a alquilar los pisos vacíos.
Y por otra no puedo dejar de comparar la actitud delante de la legalidad en otros casos con intereses inmobiliarios de los otros, de los OTROS con mayúsculas claro. Lean en La Vanguardia del cercano viernes 14/04/2014 la declaración por su actuación como conseller de Antoni Castells por el cas Palau:
Castells explicó que firmó el convenio -sin intervenir en la negociación- porque era una operación de "interés público" en la que la Generalitat ganaba una compensación económica con la permuta de inmuebles, aunque ocho años después sigue sin hacerse efectiva. Entre los errores reconocidos por Castells, no se aseguró el aval necesario del promotor del hotel, el convenio se firmó sin informe previo y no se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Además, se inició el proceso de modificación urbanística sin el beneplácito de la Generalitat, pese a que así lo exigía el convenio suscrito. Según Castells, la responsable de Patrimonio le dio una explicación "razonable" para estas carencias y pasaban por no ralentizar la tramitación urbanística.
Habrá que darle la razón a algún amigo en que el PSOE es duro con los débiles, y pensar en aquellos versos de La Internacional que tan poco parece gustar entre algunos sectores del DC, sobre que la ley nos burla y no tenemos derechos. Pero sobretodo en aquellos, pensado en algunosde:
Ni en dioses, reyes ni tribunos,
está el supremo salvador.
Nosotros mismos realicemos
el esfuerzo redentor.
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