sábado, 30 de enero de 2021

So pena de una ingratitud social

 En cualquier otro español o transeúnte que andase por el país con problemas judiciales o fiscales nos sería difícil sustraernos al “algo habrá hecho”, pero que nos digan que el rey (emérito), Juan Carlos I, pagó 678.393 euros a Hacienda para evitar una causa judicial, y que los que hace unos meses se tomaron un rato en agosto para defenderlo en nombre de los servicios pasados y de la presunción de inocencia, no se hayan tomado la molestia de comentar ahora alguna cosa, me hace confirmar que nos toman por imbéciles “a los ciudadanos españoles de todo origen, ideología o condición”.

Sí, esos que están a todo, que no fallan, como un Alfonso Guerra, un Rodolfo Martín Villa, una Esperanza Aguirre, un Celestino Corbacho, un Jaime Ignacio del Burgo, un Juan Pablo Fusi, una Carmen Iglesias, un Emilio Lamo de Espinosa, un Jaime Mayor Oreja y su primo Marcelino Oreja, una Ana Pastor, un Josep Piqué, un Eduardo Serra, un Francisco Wert, un Francisco Vázquez, un José Rodríguez de la Borbolla y, como no, un Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que hicieron un manifiesto para defender la tarea del rey durante todos estos años y que, si algo había hecho, lo deberían dilucidar los jueces: “Las numerosas informaciones que aparecen estos días sobre determinadas actividades del Rey Juan Carlos I han excitado una proliferación de condenas sin el debido respeto a la presunción de inocencia. Si sus acciones pudieran ser merecedoras de reprobación lo decidirán los tribunales de justicia”.

En la misma noticia de El País, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha acusado también este martes en una entrevista con Europa Press a los que ya están haciendo “juicios de culpabilidad” del rey emérito y no respetan la presunción de inocencia de cuestionar los “pilares básicos del Estado de Derecho y de “cualquier Estado democrático”. Eso estaría muy bien, pero yo también tengo que un pilar del Estado de Derecho es que todos, desde ciudadanos a mandatarios, estamos sometidos a la ley, y tenemos claro que no es así, y que si finalmente el rey JCI es juzgado, lo será solo desde su abdicación, y parece que como en otros casos históricos, sólo por temas fiscales colaterales.